Hace unos días Argentina se convirtió en el primer país en reconocer legalmente, mediante votación en el parlamento, el derecho de las minorías sexuales a contraer matrimonio civil. Además se les ha concedido la facultad de adoptar niños para formar una familia.
A raíz de este suceso surgieron muchos debates sociales e institucionales. La comunidad latina se escandaliza en distintos niveles, y mi lindo país no es la excepción.
¿QUÉ PASA EN EL PERÚ?
Tendríamos que poner las cartas sobre la mesa, como diría un gran amigo. Podría existir más de un obstáculo en el sistema del país para pensar con claridad la hasta ahora remota idea de que se concrete la unión civil, matrimonio, alianza, o como quieran llamarle a la relación que concretan dos personas del mismo sexo.
Lo fundamental es saber que la decisión final sobre dicha medida es plenamente legal y orgánica. Es decir, tiene que pasar por un proyecto de ley, un debate y al final dos votaciones. La primera votación para contar la cantidad de aceptación por los legisladores, y la segunda para ratificar la decisión.
Sin embargo, tenemos como primer impedimento la actual estructura del código civil, el cual reconoce como matrimonio a la unión de un hombre con una mujer. No figura como unión entre dos personas. Entonces, quizás un primer paso sería ese: modificar el código civil en dicho artículo, para poner en marcha la legalidad buscada.
Además, tengamos en cuenta de que los partidos que representan al país en el legislativo, son muchos conservadores con asuntos como estos. Algunos basan sus argumentos en religiones, otros en “moral” y “buenas costumbres”, etc. No obstante, en el debate para legalizar los matrimonios gay, la representación de los parlamentarios está presente, aunque no lo parezca para muchos.
CUESTIONES SOCIALES
Pensemos por un momento cómo es la sociedad en la que vivimos los peruanos, quiénes la conforman, qué diferencias generacionales existen, qué escuela arrastran y qué escuela arrastramos cada uno de nosotros.
Según los sondeos realizados por empresas privadas, el 73% de la población peruana no acepta esta clase de uniones, mientras que la argentina la aprobación variaba entre 65% y 70%. Lamentablemente no se manejan datos importantes sobre dicha cifra porcentual como la localidad donde fue realizado el estudio, el margen de error, nivel de representación, etc. Aunque, lo que sí queda claro es que Perú es un país considerablemente intolerante, a niveles en los que se han registrado los famosos crímenes de odio, que según instituciones como PROMSEX, se detectaron 10 asesinatos en 2008, que fueron motivados por la orientación sexual de las víctimas, mientras que el año pasado esa cifra se duplicó a 19 homicidios.
“Si comparamos las cifras del 2009 y el periodo 2005-2008 (donde el promedio anual es de 12 asesinatos), podemos indicar que el aumento fue de 58,3 por ciento”, agregó el representante institucional.
Antes de continuar, es mi deseo el no caer en errores de generalización, porque sé que existen personas de todas las generaciones que están a favor y en contra con sus posturas correspondientes.
Para una cantidad de personas jóvenes nacidas entre los años ochenta y noventa nos podría resultar normal, liberal, solidario, democrático o humano el permitir que dos personas que se aman, sin importar su sexualidad, puedan formalizar su relación a niveles legales. Existe un ideal donde puedan adecuarse a un sistema donde se acceda a beneficios como un seguro social, un crédito hipotecario, un seguro de vida, o una herencia.
Por otro lado, existe otro conjunto de personas que opinan lo contrario. Sin ánimos de calificarlos, y con cierta precaución, forman parte de generaciones anteriores, donde las bases han sido cimentadas, estructuradas y fortificadas. El contexto conservador se prestaba en distintos canales de enseñanza como la familia, la escuela, la iglesia, y en entorno social. Entonces, el resultado lo vemos en la actualidad después de un intercambio de ideas, o mejor dicho socialización entre estas agrupaciones. No sorprende que en estos días consideren esta propuesta legal como inmoral, contranatura, desquiciada, o simplemente “inviable”.
LOS POLÍTICOS DICEN…
Nuestro Presidente tuvo una pequeña intervención sobre el tema en diciembre del año pasado, en el cual dijo que “todos tenemos derecho a tener la opción sexual que queramos” porque su país debe ser “un país civilizado y moderno”, a raíz de un fallo del Tribunal Constitucional que determinó que la homosexualidad no es un impedimento para integrar las fuerzas armadas o policiales. Después de esto, no quedó más en él que continuar sus demás funciones.
Por otro lado, se escuchan discursos empapados de bases fundamentalistas por el país. Sino, recordemos la información que obtuvo la periodista Tarcila Shinno al escribir la crónica sobre Humberto Lay para el libro “Yo, Presidente”, o la opinión que tuvo él mismo, el pasado 30 de julio al terminar la celebración de Acción de Gracias:
“Confesó que a veces se ponía a llorar-, que veía en la homosexualidad una enfermedad curable”.
Humberto Lay se pronunció en contra del matrimonio de personas del mismo sexo por considerarlo que “va contra la creación de Dios”.
Tampoco deberíamos olvidar las palabras de Lourdes Flores hace unos días, las cuales afirmaron que pese al respeto y tolerancia que tiene hacia las minorías sexuales, se opone a las bodas gays.
“El matrimonio es una institución jurídica heterosexual, donde varón y mujer se unen y establecen una relación que es la que corresponde al matrimonio”.
Al parecer, el único que apoya la ley es el periodista Jaime Bayly, quien por el momento tiene una intención de voto tan dudosa como su propia candidatura.
OPINIÓN DE ACTIVISTAS
El medio virtual Político Perú conversó con miembros de dos organizaciones que se encuentran a favor de la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo.
El activista de la Red Peruana de Trans, Lesbianas, Gays y Bisexuales (TLGB), Jorge Apolaya, manifestó al que “es necesario que exista una ley para aquellas personas que desean acceder como pareja a los beneficios de un seguro social, un crédito hipotecario, un seguro de vida, o la herencia”.
Además propuso la idea de formar alianzas con líderes políticos que se presenten en la campaña presidencial del próximo año para que el tema del matrimonio gay se incluya en una agenda pública.
Apolaya piensa que no debe ser “un privilegio heterosexual” en una nación democrática donde “supuestamente se habla de igualdad de derechos para todos los ciudadanos y ciudadanas”.
Por su parte, el representante del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), Manolo Forno, opinó que las organizaciones homosexuales en Perú deben analizar el presentar una iniciativa legislativa en el actual Gobierno de Alan García, porque ha sido “el menos comprometido con la defensa de nuestros derechos” por su “alianza nefasta” con la Iglesia católica.
¿LEYES QUE RIGEN UN ANDAR…LENTO?
Tenemos ahora 3 artículos, una de la constitución peruana de 1993 y dos del código civil peruano vigente.
La que corresponde a la Constitución nos menciona que la persona como individuo tiene derecho a una identidad y su integridad, y que no puede ser discriminado por ninguna razón. Por otro lado el Código Civil hace referencia a la igualdad del ser humano para ejercer sus derechos, y que el matrimonio se entiende por la unión entre un varón y una mujer.
No obstante, la noción del matrimonio es de por sí una traba, un obstáculo, por lo mismo que se mencionó anteriormente con las personas que la conforman, y lo que Lourdes Flores nos recordó en líneas ya escritas.
Resulta curioso aquello que se promulgó en un momento pasado, y más aún en un presente donde el país logra día a día la inclusión social con distintos grupos que en un entonces fueron invisibles, sin poder hacer valer sus derechos. Si lo acomodamos lo más posible al tema en cuestión, tendremos como resultado una inexactitud de fines a los que se busca llegar. Vemos que la Constitución respalda nuestra integridad y lucha por la no discriminación, pero el código civil impone una estructura que restringe la capacidad de ejercer el derecho de una comunidad que anhela ser escuchada y tomada en cuenta. ¿Qué papel manda más? ¿Cuál de las dos tiene la facultad de poner límites? ¿Acaso es posible que una de ellas difiera del plan general de la otra? Justamente, en este momento se me viene a la mente las posturas de algunos abogados a los que he escuchado: “La ley ya esta definida. Respetémosla”. Sol Carreño es una de ellas, por ejemplo. No digo que en este tema específico argumente lo mismo, solo hago mención de su postura preferida.
¿SE PUEDE HABLAR DE LA DEMOCRACIA DE LA QUE TANTO ORGULLO SIENTEN NUESTRAS AUTORIDADES?
Mi humilde punto de vista, que trata al máximo de no transformarme en un ícono gay frustrado por la “injusticia” de mi país, es que estamos dentro del proceso, y que la democracia nunca terminará porque surgirán nuevos debates, nuevas opiniones y, por ende, nuevas deliberaciones por desarrollarse. Deliberaciones que deben abarcar una esfera social colectiva e institucional. Se hace lo posible por lograr un Estado de Derecho acorde con las necesidades del pueblo y por ampliar sus derechos. En cuanto a nosotros, como conjunto, podremos hablar de ampliación de derechos cuando exista un verdadero consenso, cuando las personas logremos la capacidad de tan solo escuchar y hablar. Si nos sumamos al círculo vicioso del pleito, o de la violencia, estaremos fomentando intolerancia, y peor aún si esta se basa en fundamentalismos de un entorno retrógrado. Por el momento, creo que el tema tiene para un buen tiempo de análisis extra, siempre en la medida en que la percepción de la sociedad aplique una cultura de respeto, de razón y diálogo. Espero vivir para ese entonces.
Recuerda que tengo Twitter: @oscar_baldeon
